No hay que ser ducho en la materia para darse cuenta, al menos a grandes rasgos y en determinadas obras de infraestructura, si las mismas están siendo construidas con la debida calidad que garantice su durabilidad en el tiempo, y si no se tiene esa capacidad técnica durante la fase de construcción, que es la que es visible para el público común, una vez las mismas son inauguradas y presentan fallas todo quedará en evidencia, con el gran malestar que esto genera de cara a la confianza de la población para su uso.
Es posible que por la impericia en la materia -como ocurre conmigo- no se pueda hablar en términos científicos de fallas estructurales, expedientes técnicos deficientes, entre otros aspectos, pero para nadie debe ser un secreto que para garantizar la calidad en las obras públicas debe contarse con “un control riguroso durante todas las etapas del proyecto y asegurar el cumplimiento de las normativas”, pues de eso va a depender la calidad de dichas obras, lo que va de la mano de la “correcta ejecución del proyecto, el uso de buenos materiales, una planificación adecuada y un monitoreo constante”.
Pero bien, en tanto se trata de un tema propio de “especialistas en la materia”, que en muchos casos da la impresión de que guardan silencio que puede ser cómplice, cobarde, insensible o irresponsable, para quedarnos en algunas posibilidades y sin afirmar categóricamente ninguna por la citada impericia, sobre lo que deseo llamar la atención es sobre la imperiosa necesidad de que las obras públicas, que insisto en las mismas no sólo porque se construyen con dinero del pueblo, sino y sobre todo porque serán usadas por la generalidad de la población dado su carácter, requieren de la mejor construcción posible por todo lo que esto implica.
Dentro de esas implicaciones se pueden señalar lo que respecta al uso de los recursos públicos, las paralizaciones de obras por falta de previsiones que hasta para un desconocedor rayan en la obviedad, pues es claro que antes de iniciar una obra, luego de cumplidos requisitos legales que pasan por el permiso de construcción (licencia), título de propiedad, entre otros aspectos propios de la permisología y la calidad habilitante de quien la llevará a cabo, existen otros de significativa importancia.
Es el caso de contar con el plano catastral, los planos arquitectónicos y estructurales aprobados, un estudio de suelo y las certificaciones de uso del mismo, sin descartar el estudio de impacto ambiental y no objeción, y que de acuerdo a “la magnitud y ubicación del proyecto, también pueden ser requeridos permisos adicionales como la manifestación de impacto ambiental o el dictamen de protección civil”.
Más allá de todos estos temas, es más que obvio que para lograr una obra de infraestructura de alto nivel y como tal duradera, se requiere del uso de materiales de calidad y de mano de obra de probada competencia, así como de la aplicación de “prácticas constructivas correctas”. Con todo esto previsto, se impone una buena gestión y planificación, ya que como se ha afirmado “una gestión ineficiente, la falta de un plan de calidad o la interferencia política pueden llevar a la aprobación de proyectos defectuosos o a una ejecución inadecuada”.
Otros factores que influyen en la calidad de la obra son el control y fiscalización, habida cuenta de que “la falta de monitoreo constante permite que las deficiencias se agraven. Un control efectivo y la participación coordinada de múltiples actores son cruciales para asegurar la calidad”; calidad que debe ser un compromiso sagrado, elevado a la máxima potencia cuando se trata de una obra pública por todo lo que esto implica.
De manera que con la salvedad inicial de que no soy ni por asomo ducho en la materia, pero en tanto ciudadano de este país, amparado en el artículo 22.4 de la Constitución de la República, que reconoce a todo ciudadano el derecho de “formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público…”, sí me siento con el deber y la responsabilidad de elevar mi voz para llamar la atención en ese sentido.
No olvidemos que, así como una obra bien construida da seguridad y confianza a la población al usarla, en contrapartida, si se aprecia que la misma no responde a los estándares de calidad exigidos, igualmente produce incertidumbre y desconfianza, pudiendo incluso llegar a producir pánico, y lo que es todavía peor, graves daños que podrían ser lamentables en determinado momento y que pueden y deben evitarse.
En tal sentido, reitero que es de suma importancia lograr que cada obra construida con recursos públicos y para el público, cuente con los mejores estándares de calidad, con énfasis en el uso de suelo, materiales usados de altísimo nivel, mano de obra bien calificada, celoso monitoreo y fiscalización, buena gestión y control, y, en fin, todo lo que se requiera, máxime en estos tiempos de cambio climático y todo tipo de fenómenos atmosféricos extremos y destructivos, como huracanes e inundaciones, entre otros.
Hay que procurar y lograr que cuando se haga uso de una obra construida por el Estado a través de cualquiera de las dependencias de cada uno de sus poderes, lleve consigo el sello de calidad, que garantice durabilidad y que a su vez dé confianza al usuario de que puede estar tranquilo porque se trata de una obra construida con todas las previsiones posibles, pues más allá de lo estético en una obra de infraestructura, la seguridad que sólo puede dar la calidad misma, debe ser un tema innegociable en todo momento. Claro está, esas exigencias igual deben extenderse a toda obra construida, aun cuando viniere del sector privado o de particulares, pues queda claro que, con la seguridad no debe jugarse.
El autor es ocoeño y egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
