En los últimos días hemos visto cómo el Partido Revolucionario Moderno (PRM), su gobierno y todo su gabinete se han unido en un mismo discurso: decir que aplicar la indexación salarial pondría en riesgo las ayudas sociales que reciben los más necesitados.
Ese planteamiento no solo es falso, sino que constituye un sofisma: una mentira envuelta en apariencia de razón, usada para manipular la opinión pública y justificar el incumplimiento de una ley.
El senador Omar Fernández presentó una resolución para que se cumpla lo establecido en el artículo 327 del Código Tributario: ajustar los salarios y las exenciones conforme al aumento del costo de la vida. Eso no es una propuesta política, es una obligación legal que el Gobierno ha ignorado durante años.
Pero en lugar de reconocer ese incumplimiento, el PRM responde con un discurso emocional: que si se aplica la indexación, habría que quitar las ayudas sociales.
Así lo expresó el director de Aduanas, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, al pedirle al senador Fernández que “no mezclara” las ayudas con los salarios, como si fueran temas opuestos.
Ese argumento es precisamente lo que en lógica se conoce como un sofisma: confundir, disfrazar la verdad y crear un falso dilema donde no lo hay.
Cumplir la ley no es opcional ni depende del ánimo político de un gobierno. Es una obligación permanente del Estado. Y dentro de esa misma responsabilidad está también el deber de planificar y garantizar la continuidad de las ayudas sociales a quienes realmente las necesitan. No se trata de elegir entre la ley y la asistencia social, sino de hacer ambas cosas bien: cumplir la norma y sostener las políticas sociales con buena gestión y planificación.
Presentar la indexación como una amenaza a los subsidios es una forma elegante de burlar la ley mientras se hace creer al pueblo que se le está defendiendo.
El discurso suena bien para quien no mira los detalles: se apela al miedo y se usa la pobreza como escudo político. Pero nadie demuestra con datos que aplicar la indexación eliminaría las ayudas. Lo que sí está claro es que, al no hacerlo, el Estado sigue cobrando más impuestos a trabajadores que no deberían pagarlos.
El Gobierno del PRM ha perfeccionado un viejo recurso: cambiar el tema cuando no puede responder con hechos. En lugar de explicar por qué no cumple la ley, se refugia en el discurso de la sensibilidad social.
Hablan de los pobres, pero lo hacen para proteger la inercia del sistema y mantener la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Cumplir la ley y proteger a los más vulnerables no son tareas contradictorias, son los dos pilares de un Estado justo.
Si el Gobierno tiene la voluntad política que tanto proclama, que cumpla la ley, que diseñe un plan responsable para mantener las ayudas sociales y que deje de usar la pobreza como excusa para eludir su deber.
La justicia social no se construye con sofismas, sino con instituciones que funcionen y con gobernantes que respeten la ley que juraron hacer cumplir.
