Por:Felipe Ciprián
Las reglas del mercado libre pueden funcionar muy bien, pero como están tan deshumanizadas, no sirven para responder al que debía ser el objetivo supremo de la producción de riquezas: satisfacer las necesidades de los seres humanos y contribuir a sacarlos de los efectos devastadores provocados por fenómenos naturales adversos.
Eso es lo que está pasando en el país ahora: miles de familias doblemente damnificadas en la costa atlántica, en las llanuras de Monte Cristi y en la región Este, siguen viendo sus casas arruinadas y sus plantaciones destruidas por precipitaciones anormales iniciadas hace un año y agravadas por los ciclones Irma y María, pero pese a la inmediata respuesta del gobierno, empresas y particulares con auxilio de supervivencia (alimentos, agua, mantas, colchones y medicamentos), aun estamos muy lejos de que esas personas puedan contar con un techo y menos aun rehacer sus fuentes de producción.
No estoy diciendo que el gobierno los ha abandonado; estoy diciendo que pese a que el sistema financiero dispone de dinero «de más» y la Junta Monetaria ha liberado 20,000 millones de pesos para prestarlos a un interés bajo, las «reglas del mercado» no permiten que quienes tienen necesidad de reconstruir sus casas modestas y replantar el arroz, el plátano, el cacao o el café en el Bajo Yuna, en Puerto Plata, en campos de La Vega, en Villa Vásquez, en El Seibo, Miches y otros lugares duramente golpeados por los fenómenos, puedan acceder a créditos blandos para reinventar su futuro.
Según las informaciones del propio Banco Central, de los RD$30,800 millones que se han prestado a bajo interés después de la liberación del encaje legal iniciada hace tres meses, RD$12,298 millones han ido a estimular el consumo (RD$8,112 millones a la mano de los compradores) y a ampliar el comercio (RD$4,186 millones a los comerciantes) que todo el mundo sabe que es mayoritariamente importaciones de productos terminados o materias primas.
Ese dinero ha ido preferentemente a financiar la compra de vehículos particulares –no tractores para producir-, cambio de mobiliario de apartamentos y oficinas, de acondicionares de aire de convencional a «inverter», viajes internos y externos, entre otras.
Las nuevas facilidades crediticias también han favorecido grandemente al sector Construcción (RD$4,505 millones) para que los constructores pongan nuevos apartamentos y viviendas a disposición de quienes los van adquiriendo. A su vez, la banca comercial otorgó otros RD$3,033 millones clasificados en el sector Adquisición de Viviendas, que no es otra cosa que créditos para que compren aquellos apartamentos o viviendas en oferta.
Perfecto: RD$7,538 millones para viviendas fundamentalmente de clase media, pero difícilmente de esos lleguen 100,000 pesos a un damnificado de la ciudad de El Seibo, en Baoba del Piñal o de Villa Sinda para reconstruir su casa y volver a alojar a su familia ahora arrimada donde un familiar o un amigo.
Resumiendo: La liberación del encaje legal bancario está sirviendo para que quienes tienen un carro utilitario puedan pasar a comprar una jeepeta y quienes viven en una vieja casa en el ensanche Alma Rosa, adquieran a crédito un apartamento más moderno. Naturalmente, nada de eso cambia el cuadro del déficit habitacional ni mucho menos el caos y la carestía del transporte público y particular.
El Banco Central aplaude el éxito de la «colocación» de 30,800 millones de pesos a tasas preferenciales luego de la liberación de 20,000 millones del encaje legal hace tres meses, ¡y tiene razón! Pero con lo que llevo dicho está demostrado que 19,836 millones de pesos de esos han ido a estimular el cambio de vehículos y de viviendas. Dos de cada tres millones dan la vuelta en el mismo círculo, pero no incluyen a los que están en espera hace décadas para que se les pague la deuda social.
Lo anterior quiere decir que los bancos están prestando las dos terceras partes del total de ese dinero para que la gente tenga efectivo, aunque con endeudamiento, para salir a comprar carros, muebles y apartamentos, y para que los comerciantes tengan automóviles y apartamentos suficientes para satisfacer la demanda de ese dinero que corre en la calle.
Una economía y una sociedad más inclusiva hubiesen dedicado ese dinero a préstamos con garantía estatal para la reconstrucción de viviendas y a financiar la recuperación de fincas y parcelas destruidas por los ciclones y las lluvias desde finales del año pasado y a lo largo de todo el 2017.
Pero esa no es la prioridad de negocios de la banca y el gobierno no se enfoca en dar apoyo real a la producción precisamente garantizando préstamos a la banca, que está probado que no quiebra cuando los pobres quedan mal, sino cuando los ricos derrochan en lujurias y francachelas.
Y conste que los bancos están boyantes con el ahorro obligatorio de los fondos de pensiones de los asalariados, no con el patrimonio de los oligarcas que saben muy bien donde están –no las escarpadas montañas de Quisqueya- sino los paraísos fiscales.
El capital parasitario no es un aliado del desarrollo. Como parásito al fin vive de quienes producen que son esencialmente los trabajadores manufactureros, agropecuarios, de servicios y los estatales, contratados por el capital que se dedica a la producción y no a vivir de la renta.
En fin, el dinero ahorrado compulsivamente por los trabajadores –incluidos los que nunca serán pensionados- está ahí disponible para el consumo, sea de viviendas, muebles, viajes o autos, jamás para una prioridad como la reconstrucción de viviendas y plantaciones.
¿Y el Estado y los líderes políticos que lo dirigen dónde están? Reproduciendo el modelo como si funcionara.
¿Y los trabajadores y los «intelectuales»? Superviviendo, amemaos y sin esperanzas. Es una tormenta perfecta.
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