Por: Dinorah García Romero
La República Dominicana vive días inquietos. Personas ultranacionalistas consideran que existe amenaza a la soberanía del país. Otros, indican que se avanza hacia la existencia de dos naciones en un solo país. En el ambiente se percibe odio, discriminación y rechazo a presencia haitiana. Esta situación no es emergente; tiene raíces históricas. Pero, en momentos determinados de la historia, aflora con fuerza y con visos racistas.
Es legítimo que el gobierno dominicano decida regular la presencia haitiana conforme a lo que establecen las leyes del país. Se justifica, también, que las autoridades velen para que todos los ciudadanos nacionales y extranjeros estén debidamente documentados y registrados.
Lo que no tiene justificación es que al país se le presente un ejercicio de simulación. En nuestro país, la construcción y la agricultura dependen de la mano de obra haitiana. Son oficinas gubernamentales las que informan sobre este hecho. El gobierno sabe, además, que los empresarios y los altos comerciantes se auxilian de los obreros haitianos y no hacen nada para regularlos. Les pagan sin tener en cuenta las leyes y se ahorran mucho dinero. Estos haitianos son traídos al país por empresarios y por dirigentes del gobierno. Las construcciones del Estado dominicano tampoco respetan lo que indican las leyes sobre contratación de personal. Aprovechan la mano de obra barata, aprovechan a los haitianos.
Como expertos en simulación, por un lado se declara la guerra contra la presencia haitiana; por otro lado, no se les pone límites a los empresarios y terratenientes, para que respeten las leyes y no contraten, de forma oculta, a los haitianos. Estos, cuando reciben el peso de la represión, no ven a ninguno de los que los contrataron. Esto se vuelve cíclico y se está convirtiendo en una experiencia de permanente violación a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Es evidente que los haitianos viven situaciones críticas en su país y buscan oportunidades para salir de esa dura realidad. Pero, llegan aquí por la corrupción abierta de los responsables de custodiar las fronteras.
La práctica de negociar de forma ilícita la entrada de haitianos al país se denuncia periódicamente. Legisladores, políticos y empresarios se burlan de las leyes y contratan haitianos sin importarles la legitimidad de su presencia en el país. Por esto se debe actuar con más responsabilidad desde el gobierno. La consigna no debe ser repatriar por repatriar. La postura debiera ser hacer respetar las leyes del país y establecer consecuencias a los que se burlan de las leyes y del mismo gobierno, si es que éste no está simulando, también.
Es tiempo de afirmar los derechos humanos. No es necesario reprimir ni atropellar. Tampoco es pertinente incentivar movimientos de personas instrumentalizadas para herir la dignidad de los haitianos ni de ningún grupo humano. No hemos visto ningún movimiento solicitando información sobre la cantidad y el estatus de chinos, de españoles, de italianos y de otras nacionalidades. Son blancos y de pelo lacio; se da por hecho que están regulados y que respetan las leyes. Estos movimientos no deben existir y mucho menos expandirse. Pero, ¿Por qué se acentúa la agresividad contra un grupo humano tan excluido en el mundo? Esto hay que pararlo. Le hace daño al país.
La sociedad dominicana es solidaria con la población haitiana. Por tal motivo, esta misma sociedad no se debe dejar manejar por intelectuales, políticos y personas que exhiben un nacionalismo radical. Se ha de afirmar la dignidad de las personas. Para que los haitianos cumplan las leyes en el país, no hay que lesionar su dignidad; tampoco se deben violentar sus derechos. Si se desconocen estas dos dimensiones, se retrocede, se involuciona en humanización, en el ámbito jurídico y en el campo de los derechos y responsabilidades de las personas. Sí, a la organización de la sociedad dominicana. No, al desconocimiento de los derechos y dignidad de las personas.
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