Las autoridades de la provincia de San José de Ocoa, encabezadas por nuestra bien valorada gobernadora Lic. Josefa Oliva Castillo De Peralta, hoy más que nunca deben dar muestras de su vocación democrática, respetando el derecho de los ocupantes del templo católico a reclamar lo que entienden justo, a permitir el libre trabajo de la prensa, a no impedir que se les supla alimentos, medicinas y cobijas, y a no reprimirlos.
Mientras los reclamos se hagan de forma pacífica, como es el caso de ocupar una iglesia, la acción policial debe ser solo de vigilancia y protección, no de acoso y represión . Esos tiempos no deben volver.
Los protestantes, en su justo derecho al reclamo, también deben respetar el patrimonio religioso de nuestro pueblo y el derecho de adoración de la feligresía, además de estar abiertos al diálogo con las autoridades. El argumento de promesas incumplidas jamás debe ser motivo para cerrar el camino del diálogo y llegar a acuerdos.
Es difícil que en este momento el gobierno se pueda enfrascar en satisfacer las justas demandas de los ocupantes de la iglesia cuando está llevando a cabo la construcción del tramo que conecta Nizao con Rancho Arriba y por el cuál también fue preciso protestar, por la gran inversión que allí se ejecuta.
Para lograr el apoyo universal de la provincia, los reclamantes deben ser firmes en sus justos reclamos, pero dar muestras de madurez y no forzar una salida violenta del conflicto. Un mal acuerdo es mejor que un buen pleito.
Si antes se han recibido promesas que no han sido cumplidas, ahora debe lograrse un acuerdo que involucre más actores, incluyendo la iglesia y organizaciones populares, de profesionales y gremiales, que más adelante asuman como suyos los reclamos que no sean honrados.
Autoridades y reclamantes, nuestro pueblo necesita soluciones y ellas solo son posibles a través del diálogo, el trabajo conjunto y el compromiso. No a la violencia.
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