Nuestra Policía Nacional fue fundada el 2 de marzo de 1936, desde entonces los escándalos y la falta de credibilidad por parte de la población han sido parte de la misma, la corrupción interna tampoco es ajena a esta institución que nació con el fin de velar por el orden público y que debería inspirar confianza, sin embargo, el gran historial de abusos de autoridad perpetrados desde el cuerpo castrense han creado un mar de dudas en torno la institución.
Cuando hablamos de abusos policiales delante de aquellos que vivieron durante la época del tirano Rafael Leonidas Trujillo o los llamados “12 años de Balaguer” en seguida despierta sentimientos de rabia y aflora el recuerdo de los abusos, del caliesaje, las golpizas y los arrestos injustificados; son muchas las historias de jóvenes valiosos que perdieron la vida tras ser apresados y torturados en las celdas del país, la tortura como método de investigación era un método que hacía “cantar” hasta a los más duros y aún aquellos que no habían cometido delitos confesaban los mismos con tal de que el dolor se detuviera.
Viviendo ya en pleno 2022 y tras grandes logros en materia de democracia e institucionalidad podríamos pensar que las historias de tortura y atropello en los cuarteles policiales es cosa del pasado, pero el caso del joven José Gregorio Custodio quien murió supuestamente tras recibir una golpiza a manos de la policía, hecho que se investiga actualmente.
¿Pero quién investiga a la policía?
“Asuntos Internos” es una división de policías que investigan policías, de ser confiables, podríamos estar tranquilos sabiendo que no habría problema en que la policía sea investigada por el organismo correspondiente, lamentablemente la historia de nuestro país, el alto grado de corrupción interno dentro del cuerpo castrense y la falta de un régimen de consecuencias ahuyenta la posibilidad de brindarles la confianza de que los hallazgos de la investigación arrojen una luz verdadera y que por ende los culpables paguen con y se les aplique todo el peso de la ley. La falta de credibilidad en las instituciones de nuestro país por culpa de la debilidad institucional y la corrupción interna no nos permite confiar en las misma y es por ello que algunas autoridades de la provincia como el alcalde Aneudy Ortiz y la Diputada Josefa Mejía se han pronunciado y se aúnan al sentir de toda la población de que organismos como Derechos Humanos y El Defensor del Pueblo se apoderen de este caso para que no quede impune ante los ojos de toda una sociedad que clama desde sus entrañas por justicia ante este vil atropello.
Esperamos esperanzados que este caso no quede impune y que las investigaciones lleguen al fondo de lo sucedido y arrojen luz en medio de las tinieblas que rodean este caso y que mantienen consternada a toda la diáspora Ocoeña y al país.
Se ha tomado la decisión de trasladar a toda la dotación policial pero entendemos que esto no es suficiente, trasladar el mal no elimina el mal, los culpables (si los hay y se demuestra) deben pagar por este atropello.
Recordemos que cómo dijera Voltaire “Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”
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