SANTO DOMINGO. El ministro de Educación, Andrés Navarro, y el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y obispo de la Diócesis de La Altagracia, monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, firmaron 35 convenios de cooperación en la modalidad de cogestión que permitirán el paso de 127 centros educativos de congregaciones y obispados de la Iglesia Católica al sector público, en una alianza estratégica por la mejora de la calidad educativa, centrada no sólo en el conocimiento, sino también en la formación de valores.
Los acuerdos macro permitirán que los cargos de director y de coordinador docente sean ocupados por un sacerdote, un diácono o algún otro miembro de la institución confesional por nombramiento directo del Ministerio de Educación en calidad de personal administrativo, con los mismos beneficios económicos y laborales homologados a la posición directiva.
Según establece lo pactado, el Ministerio de Educación, se apoyará en el Artículo XXI del Concordato para el cumplimiento del acuerdo y la conservación de las garantías del mismo, para lo cual agotará todos los procedimientos requeridos al respecto.
Especifica que, para acceder a la carrera docente, los miembros de la Iglesia Católica deberán participar y agotar los procedimientos propios de los concursos organizados por el Ministerio de Educación.
En uno de sus articulados, el convenio plantea que las transferencias corrientes destinadas a las asociaciones sin fines de lucro, el Ministerio de Educación destinará una subvención mensual a la Diócesis, Parroquia o instituto de vida consagrada, para sus gastos de sostenimiento, siempre que éstas desarrollen su labor educativa en el sector público.
«El concepto de dicha compensación tiene como objeto y centro a los estudiantes que son los beneficiarios finales de los servicios docentes en los centros educativos católicos», explica el texto, firmado por el ministro Navarro y por monseñor Peña Rodríguez, obispo de la Diócesis de La Altagracia.
Asimismo, refiere que la compensación económica será calculada tomando en cuenta el per cápita por estudiante servido, a partir de criterios de evaluación de activos tangibles e intangibles del centro educativo católico, tales como fortaleza institucional, educación como parte fundamental del carisma, los recursos humanos capacitados y empoderados, los bienes muebles e inmuebles suficientes en cantidad y calidad, méritos acumulados, impacto social y educativo, fortaleza en la gestión institucional y pedagógica, así como la calidad evidenciada en resultados y variedad de la oferta educativa.
El párrafo uno del convenio, rubricado en un acto realizado en la sede de la Conferencia del Episcopado Dominicano indica que la suma de compensación será revisada anualmente para adecuarla a los niveles de inflación establecidos por el Banco Central de la República Dominicana.
Agrega que el valor del monto asignado por estudiante por el Ministerio de Educación «se genera del valor promedio homologado con el aporte del ministerio a otras instituciones religiosas en recientes convenios para la delegación de gestión pública de los centros educativos, con una tasa diferenciada, de acuerdo a las características y naturaleza de los planteles escolares: propiedad, estatus, servicios, etcétera, sumadas al resultado de la evaluación».
En tanto, mediante el acuerdo, los centros educativos católicos se comprometen a dar informes anuales de las partidas recibidas por el concepto antes descrito, con las condiciones establecidas.
«Para el manejo, desarrollo y control de las políticas, estrategias y términos del presente convenio, se crearán de manera conjunta dos comisiones, una de políticas y estrategias, y otra operativa, con representación de tres miembros para el Ministerio de Educación y otros tres por la Iglesia Católica», subraya el convenio.
Explica que el modelo a seguir será el de gestión de calidad en los centros educativos, con una visión integral del sistema de organización de los aprendizajes, con la intervención interna del subsistema de gestión institucional y el de gestión pedagógica, ambos concebidos para organizar y gestionar los procesos de aprendizaje.
Navarro y la Iglesia Católica
Previo a las firmas de los convenios, el ministro Navarro destacó que la alianza estratégica con la Iglesia Católica, plasmada en los convenios macro, se constituyen en un reto para el Ministerio de Educación, en la consecución de cosechar la necesaria confianza institucional, «aspecto que nos comprometemos a fortalecer, apoyando estos esfuerzos pastorales en los planteles escolares».
Precisó que en el Ministerio de Educación se ha logrado un buen nivel de sensibilización para «enfrentar con decisión, esa pesada y vergonzante deuda social que existe con las escuelas públicas, gracias a la Revolución Educativa que impulsa el presidente Danilo Medina».
Monseñor Peña Rodríguez
Por su lado, monseñor Peña Rodríguez, resaltó los amplios alcances de los acuerdos, «en una alianza estratégica en ocasión de unir esfuerzos para ofrecer a nuestros estudiantes, una educación de calidad, no sólo en el nivel académico, sino en valores, principios éticos y ciudadanos».
Monseñor Peña Rodríguez dijo esperar que la Iglesia Católica pueda seguir prestando los servicios de calidad, «de manera gratuita o financiada por el Estado dominicano, en provecho de todas las familias, muy especialmente en favor de los más pobres y necesitados, como única manera de que ellos puedan salir de una sociedad de exclusión».
Dijo que la Iglesia Católica está en la disposición de seguir colaborando en las escuelas públicas, con la formación humana y religiosa «que tantos sacerdotes y religiosas, como cristianos comprometidos, trabajan en la formación en valores, para que en el futuro puedan tener una opción que vaya en bienestar de toda la nación».
Monseñor Rafael Leónidas Felipe Rodríguez, obispo general de Barahona, firmó los convenios en representación de las Diócesis y las Arquidiócesis del país, mientras que la religiosa Patria Fernández, presidenta de la Conferencia Dominicana de Religiosas (CONDOR), lo hizo en las religiosas que se desempeñan en la gestión de los planteles escolares.
En la actividad estuvieron, además de representantes de las distintas Diócesis y Arquidiócesis del país, los viceministros Víctor Sánchez, Ramón Valerio y Adalberto Martínez, así como Julio Santana, director de Gabinete; Frank Cáceres, director de Descentralización; Milton Torres, de Fiscalización Escolar; Jorge Minaya, del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI); Enriquillo Matos, del Seguro Médico para Maestros (SEMMA); Yuri Rodríguez, del Instituto de Bienestar Magisterial (INABIMA); José Miguel Martínez, de Gestión de Riesgos; Adolfo Cedeño, de Mantenimiento Escolar, y Radhamés García, director Administrativo, entre otros funcionarios del Ministerio de Educación.
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