Por Nóbel Mejía.-San José de Ocoa
Si bien es cierto que se ha logrado uno que otro avance, el tema salud es un pendiente del Estado Dominicano. La administración de la cosa pública en las dos últimas décadas ha invertido en modernas estructuras y programas de atención pero resulta y viene a ser que la fiebre no está en la sábana. No obstante la entredicha seguridad social, se hace necesario dar un giro de 360 grados, pasando de la medicina curativa a la preventiva, afinando el organigrama y reorientado la carrera.
El tema ambulancias es uno de los tantos subtemas a tipo “verguenza nacional”. El Estado dispone de recursos para dotar a cada provincia, según su población, del número necesario de unidades. En ese sentido, parece ser que se trabaja al ojo por ciento. La gravedad no está allí, los recursos asignados a las localidades no son suficientes. Los vehículos de emergencia absorben el presupuesto de salud de cualquier centro asistencial; combustible por las nubes y piezas carísimas no siempre presentes en el mercado local.
La distribución de los médicos especialistas es un problema complejo, sobre todo porque no existe una regulación de la carrera y el mercado. El Estado no tiene forma de “obligar” a un profesional de la medicina a los fines de prestar servicio en las pequeñas localidades. Los galenos locales que se especializan se quedan en las grandes urbes, en muchos casos trabajando en los grandes centros privados y evitando el “atraso” académico y social de los montes y culebras. El resultado final es que contamos con un personal local incapaz de enfrentar ciertas emergencias y, en muchos casos, hasta por una picada de ojo, se refiere. No descartando algún dejo de responsabilidad, la falta de equipos o instrumentos adecuados es otro factor que influye en la decisión.
Hasta lo que sé al momento de escribir estas líneas, la ambulancia del Hospital San José está a nivel de taller, bajo una factura fuera del presupuesto de ese centro asistencial. Para rematar, según reportes llegados a la redacción de este diario y no confirmados, diferencias personales con la administración de la unidad legada por la Fundación Carlos Castillo mantiene el servicio “offline”.
Aunque se agradece el gesto, hemos cometido el error de permitir que políticos, legisladores y personas ajenas al sector decidan la suerte de los pacientes. Cada vez que lo hacemos restamos responsabilidad a las autoridades del sector, quienes se ríen con la muela de atrás cuando un pendejo buen samaritano se ofrece. Dado esos permisos, no tenemos moral para criticar el hecho de politiqueros que retiran las unidades toda vez pasan los procesos eleccionarios. Por demás, decir que estos vehículos no necesariamente resisten el protocolo oficial nacional que rige el servicio.
Dotar de ambulancias y mantenerlas es una función estatal que debe expresarse a través del Ministerio de Salud Pública.
Entrado en vigencia el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el gobierno recibió una propuesta del sector privado de las ambulancias a los fines de utilizar sus unidades bajo modalidad de pago por cuotas, liberándose con ello del costoso mantenimiento y asegurando una atención ciudadana de primer nivel en sus modernos y bien equipados vehículos. Asunto que parece no se ha ponderado y que puede perfectamente ser trasladado al servicio normal o usual de los hospitales.
La lucha debe ser nacional pero el reclamo puede comenzar por San José de Ocoa. La dirección de los centros asistenciales puede ofrecer detalles pero la responsabilidad recae en el Ministerio de Salud Pública. La Dirección Provincial de Salud está en la obligación de pasar revista e informar a la población sobre tales cosas. La Gobernación, como representante del ejecutivo, debe mantener un trato cercano y estar al tanto. En ese sentido, estos niveles están en el deber de gestionar las unidades vehiculares de emergencia que sean necesarias de acuerdo con la población y las estadísticas hospitalarias sostenidas en el tiempo. Igualmente, la contratación del personal (choferes y paramédicos) a cargo. El presupuesto complica el asunto del mantenimiento pero no hay peor diligencia que la que no se hace. Por utópico que parezca, siempre he creído en excepciones. En otras localidades ha funcionado la idea de los patronatos.
Dado implicaciones nacionales, los temas seguridad social y falta de personal especializado son un tanto más complejos. Lo cierto es que necesitamos equipos y galenos de otro nivel. En lo que eso aparece, nuestros pacientes “hijos del pollero” y de “machepa” mueren y/o sufren todo tipo de infortunio.
El éxito de la medicina cubana, por citar un modelo ejemplo, no radica en infraestructura. La isla tiene a la gente en el centro de sus políticas e invierte sus recursos de manera inteligente, basándose en estadísticas y necesidades reales. Aparte del enfoque hacía una medicina humanizada, preventiva e investigativa, el médico cubano no va donde se le antoje, dirige sus pasos donde la revolución estudia que se necesita. En terminos relativos, la tierra de Fidel “sabe” que la prevención es barata y la curación es cara. Desde luego, para hacer eso en nuestro modelo político y capitalista hay que asegurar a los médicos especialistas salarios y condiciones laborales que compitan con la oferta de las grandes urbes.
Comentarios...