El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este viernes la ley que permite el retiro anticipado de hasta el 10% de los fondos privados de pensiones, en medio de una gran expectativa de la población tras cuatro meses de pandemia y crisis económica.
Un día después de su aprobación en el Congreso, en lo que significó un duro golpe para su gobierno de derecha, Piñera le puso su firma a esa ley aprobada para paliar los efectos económicos derivados del coronavirus.
Lo hizo en una ceremonia privada en el palacio de gobierno en Santiago, indicó la Presidencia en un breve comunicado emitido el viernes en la noche.
Piñera tenía hasta 30 días para vetar la ley o enviarla al Tribunal Constitucional para su revisión, pero decidió darle curso rápido ante el riesgo de que volvieran las protestas masivas y violentas en las calles, donde la iniciativa cuenta con más del 80% de respaldo popular.
Su tramitación en el Congreso fue precedida de masivos cecerolazos de apoyo y algunas protestas violentas en barrios periféricos de Santiago.
El jueves el mandatario explicó que su promulgación rápida obedecía a “su intención y voluntad -dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas- de facilitar y agilizar el retiro de estos fondos de ahorros previsionales por parte de las personas habilitadas”.
Desde temprano se vieron largas filas de personas ante las sedes de estas administradoras de pensiones, que con ansiedad deseaban conocer su saldo, recuperar sus claves y pedir más detalles, en un claro reflejo del desespero económico.
Para deudas y comer
La normativa, planteada por la oposición, avanzó con fuerza en el Congreso en solo dos semanas. En la calle se siente la frustración y rabia por la demora en la entrega oficial de ayuda a la clase media, uno de los sectores más golpeados por la pandemia.
“Nos interesa sacarlo (el dinero), porque igual estamos endeudados con las piezas en las que estamos viviendo y algunas tarjetas (de crédito) y ese dinero me sirve para pagar toda mi deuda”, dice a la AFP Luz Bautiz, una peruana que trabajaba como mesera en un restaurante.
Una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago reveló que el 60% de quienes retirarán sus fondos los utilizarán para comprar alimentos y productos como medicamentos y artículos de higiene personal, mientras que el 38% lo usará para el pago de servicios básicos.
Pero algunos van más allá y ven en la aprobación de esta ley un triunfo simbólico en marco del proceso de reivindicaciones sociales.
“Lo veo como un triunfo. Estoy feliz de poder sacarla, para que nuestro pueblo pueda vivir y pueda comer, porque nuestro Estado no lo garantiza”, dice Evelyn Silva, que planea usar el dinero para iniciar el ahorro y comprar una vivienda social.
Para David, un desempleado que tuvo que echar mano a su fondo de cesantía, se trata de una “medida bastante buena”. Pero “la crisis la seguimos pagando nosotros”, lamenta.
Después de la promulgación y su publicación en el Diario Oficial, la normativa establece 10 días para iniciar el proceso de devolución, que se realizará en dos pagos, con hasta un año de plazo para la entrega total del dinero.
La ley aprobada permite retirar a los 10.9 millones de afiliados a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hasta un máximo de 4.3 millones de pesos (5.400 dólares) y un mínimo de un millón de pesos (1.250 dólares) de sus fondos de pensión. Quienes tengan ahorrado menos de ese mínimo podrán retirar la totalidad de su fondo.
Los temores sobre el impacto económico de la medida, una de las mayores operaciones financieras jamás registrada en Chile con un movimiento estimado de hasta 20.000 millones de dólares, se han ido atenuando con el correr de los días.
Un estudio del Banco Scotiabank estima que una inyección de recursos de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares aportaría entre el 3 y el 5,3% al PIB chileno, moderando la caída de 7,5% estimada para este año.
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