Como consecuencia de las elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana llevadas a cabo el 5 de Julio de 2020, las que constitucionalmente se tenían pautadas a realizarse el domingo 17 de mayo de este año, ha originado en todo el país los justos reclamos de que los funcionarios corruptos del derrotado partido oficialista, el PLD, sean procesados en los tribunales de la república.
Recordemos que el hoy candidato presidencial electo, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Lic. Luis Abinader, no solo prometió que de alcanzar la primera magistratura de la nación encabezará una gestión gubernamental moral, ética y transparente, sino que además enfrentará el dispendio de fondos públicos, y que, con un Procurador General de la República Independiente, llevará a los corruptos al banquillo de los acusados.
Ahora bien, toda persona con verdadera vocación democrática jamás estaremos de acuerdo con la persecución política, la retaliación, la soberbia ni con el abuso de poder. Pero sí que sean llevados a la justicia para que respondan por la forma, manejo y destino de los recursos públicos puestos en sus manos.
La mayoría de los dominicanos, fuimos entusiastas a ejercer el sagrado derecho al voto por un cambio de gobierno, por un cambio transparente en la administración de la cosa pública y por el advenimiento del tan esperado régimen de consecuencia contra la corrupción y por el fin de la impunidad.
Y con la esperanza de que un nuevo sistema de administración de justicia retome en los tribunales los procesos de juzgamiento de los responsables de los escándalos de corrupción, en búsqueda de condena y la devolución de lo robado al erario.
Aún siguen pendientes para el logro de condenas los casos de Odebrecht, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRI), la Jurisdicción Inmobiliaria, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), y varios Ayuntamientos del país previas auditorias de la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Y es que nuestra Constitución vigente, consagra entre los deberes fundamentales de las personas, el de velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio colectivo y el ejercicio transparente de la función pública.
Más aún, todo funcionario de manera libre, voluntaria y consciente al momento de su toma de posesión, jura ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por su honor, cumplir fiel y éticamente las funciones del cargo puesto bajo su responsabilidad.
Así que, contra los que abusaron de los fondos públicos, amparados en la errática creencia de que nunca dejarían el poder, debe llevarse al pie de la letra todo un proceso judicial acorde con el Estado Social y Democrático de Derecho que está estatuido en nuestra carta magna.
Es decir, y lo reiteramos, persecución política jamás, pero llevarlos a la justicia sí, a fin de que sean procesos y condenados.
Aspiremos y luchemos desde todos los confines, para lograr sepultar definitivamente la vergüenza actual de que «el gobierno no puede combatir la corrupción, porque la corrupción es el gobierno».
Por: Alfredo Arias
El autor es abogado, profesor y comunicador.
alfredoariaslara@gmail.com
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