Partido, Gobierno y Sector Externo
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Martes, 24 de Julio de 2012 10:17

Lic. Fabián Díaz CasadoLic. Fabián Díaz CasadoPor: Fabian Diaz Casado

En República Dominicana los partidos políticos conservan una fortaleza inusual, respecto a la región, a pesar del evidente atraso que muestra del Sistema Político-Electoral. Esto queda evidenciado en el montaje de cada proceso electoral y en la conformación del gobierno donde confluyen sectores externos que luego reclaman su cuota de poder cuando se conquista el poder.

En el proceso eleccionario recién transcurrido fue notorio el rol jugando por los sectores externos de las fuerzas principales que terciaron en el proceso comicial. Estos movimientos conformados por simpatizantes, activistas, personalidades, empresarios, líderes sociales y profesionales que se identifican con un candidato o una propuesta partidaria. Al no pertenecer a la estructura formal del partido, su accionar es autogestionario, en la mayoría de los casos, lo que implica cierta inversión que luego tratan de compensar cuando se gana alcanza el gobierno.

Ganada las elecciones empieza el cabildeo para obtener un espacio en el futuro gobierno, por tanto, el apoyo se traduce en una práctica cuasi clientelar que "obliga" a la autoridad electa a sacrificar a militantes orgánicos, generando situaciones potencialmente conflictivas. Son frecuentes los reclamos y las presiones de quienes apoyan o aportan recursos a una determinada candidatura para lograr a la recompensa por el esfuerzo realizado.

Este elemento, sumado a las alianzas formales que se establecen entre los partidos y organizaciones políticas, afectando la conformación del equipo de gobierno. La instancia conquistada se transforma en una especie de "botín" cuyo reparto obvia en la mayoría de los casos, las cuestiones institucionales y normativas.

Esta práctica genera disgustos, roces y conflictos entre las estructuras partidarias y las coordinaciones de los movimientos externos. El desenlace de estas disputas y diferencia se traduce en divisiones que alimentan perniciosa práctica del transfuguismo político.

No se conoce un manual para la conformación del gobierno en República Dominicana y la Constitución deja en manos de las autoridades electas, ya que asumen a la función de "jefe de administración pública" la designación del gabinete ministerial, viceministerial, direcciones generales, superintendencias, mandos militares, entre otros cargos de libre nombramiento.

En el artículo 128, literal a y b de la Constitución establece tácitamente que entre las atribuciones del Presidente de la República el "Nombrar los ministros y viceministros y demás funcionarios públicos que ocupen cargos de libre nombramiento o cuya designación no se atribuya a ningún otro organismo del Estado reconocido por esta Constitución o por las leyes, así como aceptarles su renuncia y removerlos; así como designar los y las titulares de los órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como aceptarles su renuncia y removerlos, de conformidad con la ley".

Una vez designadas las cabezas del primer nivel viene la avalancha de sustituciones en el funcionariado medio de la Administración Pública. Es en esa última parte donde se siente con mayor crudeza los efectos del clientelismo y falta de garantías que padece el funcionariado público, a pesar de la existencia de la Ley 41.08, que rige a la función pública y crea el Ministerio de Administración Pública.

La conformación del gobierno está condicionada entonces, no sólo al programa de gobierno ofertado en la campaña electoral sino también por los intereses de cada uno de los grupos que conforman el bloque ganador. Esto incluye el reparto de puestos claves y consecuentemente la clientelización de la institución en cuestión. Cabe preguntarse si un sistema público puede sostenerse sobre este esquema.

En el país es tradición conformar el gobierno al margen de las estructuras partidarias cuando se sabe que normativa, moral e institucionalmente la responsabilidad de la gestión es del partido que es el ente que postula y tiene el compromiso de responder a la sociedad por las ejecutorias del gobierno que les toque dirigir.

La Constitución de a la República en su Artículo 216 establece cual es la función y los fines de los partidos y agrupaciones políticas en la República Dominicana. Según la Carta Magna, "servir al interés nacional, al bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad dominicana es el fin último de estas estructuras en una democracia constitucional". Queda claro que la responsabilidad de la gestión es del partido o agrupación que postula, no sólo del candidato.

Es de rigor que las propuestas de nombramientos sean concertadas entre una comisión designada por el partido y otra designada por el presidente o la presidenta electa. Esto reparte responsabilidad y fortalece institucionalidad partidaria. Es probable que una persona tenga buenas relaciones con la autoridad electa pero su perfil no es bien visto en el partido para desempeñar un cargo público.

En cualquier caso, los cargos de libre nombramiento tienen que ser cubiertos tomando en cuenta la normativa vigente y los perfiles que correspondan, respetando tanto prerrogativa que faculta a la cabeza del ejecutivo a nombrar a su gabinete como las disposiciones normativas, incluidas las medidas estatutaria que rigen a un partido o agrupación política.

El perfil propuesto debe corresponderse con el cargo que pretende ostentar. Asumir la dirección de un cargo público implica un compromiso ético y una responsabilidad política, por tanto, quien opta por servir al país desde esos espacios debe reunir los requisitos mínimos que garanticen el éxito de su desempeño. Hay que recordar que quien sostiene, defiende y apoya la gestión es o debe ser el partido. Cuando se maltrata a la militancia se obtiene una oposición interna que sumada a la externa ponen en riesgo el cumplimiento de las políticas contenidas en el programa de gobierno.

De ahí la importancia de que el partido y a la coalición ganadora participen activamente en la selección del personal que acompañará al presidente electo en la conducción del Estado. Si se actúa sobre estos criterios se evita marginación de cuadros y mandos de los partidos cuyas capacidades han sido demostradas en las funciones asignadas por el partido.

Partido, Gobierno y Sector Externo
Última actualización el Miércoles, 25 de Julio de 2012 09:16
 

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